La desproporción entre prestaciones como causa de ineficacia del contrato en la propuesta de modernización del Código Civil en materia de obligaciones y contratos: un análisis a la luz de los textos transnacionales

En España, el principio de justicia contractual no ha obtenido, por el momento, eco alguno en las disposiciones del Código civil estatal, a diferencia de lo que acontece en otros ordenamientos como el catalán o el navarro. A no ser que pueda constatarse la existencia de un vicio del consentimiento invalidante (error, dolo, violencia o intimidación), de acreditación siempre sumamente delicada y difícil, o bien que el contrato caiga bajo la égida de alguna normativa especial (como puede ser, por ejemplo, la de protección de consumidores y usuarios, o de la defensa de la competencia, u otras), la relación contractualmente establecida entre dos personas capaces no es susceptible de ser controlada y revisada desde el ordenamiento, aunque su resultado sea profundamente injusto para una de las partes, y además consecuencia de la explotación por la contraparte de su situación de desventaja en la contratación. Pues bien, el texto de la Propuesta de modernización del derecho de obligaciones y contratos incorpora una disposición sobre la eventual anulación o enmienda de un contrato por el que una de las partes obtiene una ventaja excesiva a través del injusto aprovechamiento de una situación de inferioridad en la negociación (que debe ser alguna de las que son enunciadas en el precepto): el que sería, en la propuesta, un nuevo art. 1.301 del Código Civil estatal. Como puede observarse de su lectura, los redactores de la propuesta han tenido muy presente tanto el texto de los PECL (mantenido, con pocas diferencias, en el DCFR y en la propuesta de reglamento sobre compraventa europea) como, sobre todo, el de los principios UNIDROIT, que se reproduce de una forma casi mimética. El objetivo de la ponencia es el de proceder a un análisis de la propuesta, a la luz de los textos transnacionales, que han sido claramente fuente de inspiración, y también de los que no lo han sido, dada su posterioridad, a fin de constatar hasta qué punto la propuesta de reforma del Derecho de obligaciones y contratos español en este aspecto se alinea con los proyectos de unificación de carácter transnacional.