Ratificación judicial de la implantación del certificado Covid como una medida de control sanitario: ¿cara o cruz?

Desde que desatara la crisis sanitaria ocasionada por el virus del Covid-19, el derecho de necesidad ha inundado el panorama jurídico, permitiendo ahondar en los principios y los límites que rigen en su extraordinaria implementación. De este modo, tras la finalización del estado de alarma el 9 de mayo de 2021, las Comunidades Autónomas se han servido de los instrumentos jurídicos que les dotaba el ordenamiento para intentar controlar y frenar la expansión del virus. Así, de forma reciente, el certificado Covid digital se ha convertido en un (aparente) aliado de la gestión la crisis sanitaria, con el objetivo de evitar medidas más restrictivas (como el cierre de establecimientos), o limitativas de derechos y libertades fundamentales (como el confinamiento general de la población). Sin embargo, la ratificación judicial de esta medida ha tenido distintas respuestas, tanto por los Tribunales Superiores de Justicia, así como también por el propio Tribunal Supremo, los cuales han sentenciado acerca de si se cumplen con los caracteres de idoneidad, necesidad y proporcionalidad necesarios.