Imaginando un "Bono Social" para los consumidores vulnerables de electricidad que respete las directivas europeas

La respuesta del legislador estatal español para paliar los efectos de la denominada pobreza energética, ha consistido en prever un descuento en la tarifa regulada para ciertos usuarios del sistema eléctrico (Bono social). Su financiación se ha cargado a determinados titulares de actividades del sistema eléctrico. Esta política, que se ha traducido en diversas normas con fuerza de ley y su posterior desarrollo reglamentario, ha invocado el cumplimiento de las directivas europeas sobre mercado interior de electricidad 2003/54, primero, y 2009/72, después. Al resolver recursos contenciosos administrativos interpuestos por algunos obligados a dicha financiación contra las normas reglamentarias que establecían su reparto, el Tribunal Supremo ha considerado que las normas legales de cobertura eran contrarias a las directivas vigentes en cada momento y, en consecuencia, ha decidido su inaplicación por no respetar la primacía del derecho europeo. Así mismo, ha declarado nulos algunos de los preceptos reglamentarios cuestionados. Como resultado, la financiación del bono social desde su creación en 2009 hasta octubre de 2016 ha sido asumida íntegramente por el conjunto de los contribuyentes. La comunicación analiza las cuestiones siguientes: -¿Si cabe establecer, y en qué circunstancias, una obligación de servicio público en el sector eléctrico, que implique una prestación patrimonial no tributaria para los obligados? -¿Cómo contextualizar en relación con el Bono social, las exigencias establecidas en las directivas europeas citadas que las obligaciones de servicio público han ser claras, transparentes y no discriminatorias? - ¿A qué test se puede someter una eventual normativa del Bono social, para establecer si la obligación impuesta respeta el principio de proporcionalidad?